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| Una de las armenias pendientes de ser deportada Koen Van Weel / AFP |
Una familia armenia, que había solicitado asilo político en Holanda, ha estado
encerrada durante 96
días en la Iglesia Evangélica Bethel de La Haya para evitar su deportación por
los Servicios de Inmigración a su país de procedencia. Los armenios,
dos adultos y sus hijos de 21, 19 y 15 años, aprovecharon que la ley holandesa
impide a la policía la entrada a un templo durante las celebraciones religiosas
para evitar ser detenidos. Los fieles evangélicos hicieron el resto, celebrando
una vigilia de oración continuada que se ha prolongado durante 96 días. Casi
1000 pastores evangélicos y sacerdotes de diferentes puntos de Europa se
turnaron durante todo ese tiempo guiando las oraciones. Asimismo, más de
250.000 personas firmaron una petición para pedir un cambio en la ley ecvitar
que familias con los Tamrazyans puedan ser deportados.
La iglesia Bethel apareció en diferentes medios internacionales en
los últimos meses y ha sido conocida como “la iglesia en misa permanente” o “la iglesia
de la misa permanente”. Mientras tanto, en las calles, los medios de
comunicación y el Parlamento, arreciaron las críticas al Gobierno holandés por
parte de ONGs y la sociedad civil en general. El foco mediático sirvió para
poner sobre la mesa un problema que se arrastra desde hace varios años. Holanda
cuenta con una ley que se conoce como “de amnistía de los niños”, pero su
funcionamiento es lento y provoca situaciones tan duras como que 700 menores
estén pendientes de ser expulsados o no, algunos durante años. Muchos de ellos
nacieron en Holanda y no conocen el idioma de sus padres ni el país del que tuvieron
que huir por causas como la guerra o persecuciones de grupos extremistas que
hacían temer por sus vidas.
El pasado 30 de enero, tras muchos debates y no pocas tensiones,
los cuatro partidos que gobiernan el país en coalición, llegaron al acuerdo de
que los Servicios de Inmigración autoricen la permanencia de la familia acogida
en la Iglesia Bethel y el 90% de los menores pendientes de su trámite de asilo.
También se acordó dotar de más recursos a los Servicios de Inmigración para que
las personas no tengan que estar hasta diez años esperando que le contesten a
sus peticiones de asilo.
El aumento de los recursos humanos y económicos destinados a los
Servicios de Inmigración en Holanda se añade a los que numerosos países de la
UE hacen a la parte de las políticas de inmigración que se ocupa del control de
fronteras. Recientemente se ha conocido que Europa está transfiriendo 170
millones de euros a Marruecos para que blinde la conocida frontera sur de la UE
en Ceuta y Melilla con el fin de evitar la entrada de inmigrantes. Ese país, en
un papel de “policía subcontratado”, dedicará el dinero a aumentar la altura de
las vallas con concertinas en Ceuta y Melilla, la instalación de torres de
vigilancia y fosos para que los policías patrullen con perros de vigilancia.
El gasto constante y creciente de millones de euros en la
vigilancia de la entrada de inmigrantes sin documentación que –no lo podemos
olvidar- incurren en una infracción administrativa, no un delito, parece no
tener fin. Sin embargo, esas políticas no dan resultados y no parecen ir nunca
destinadas a ayudar a los países en origen o a acordar entre todos los países
implicados unos flujos migratorios para que las personas no tengan que jugarse
la vida en el mar o permanecer años bajo sospecha cuando están huyendo y
quieren una vida mejor para ellos y sus familias.
El pasado mes de diciembre, la ONU llegó a un histórico acuerdo
suscrito por la gran mayoría de los países del mundo que hace posible
establecer un sistema de flujos migratorios pactado por todos. El llamado Pacto
Mundial por las Migraciones no contó con el respaldo de China, EE.UU, Australia
y países del Este de Europa por donde llegan miles de inmigrantes y refugiados
por tierra. No es un pacto vinculante legalmente, pero ofrece muchos caminos y
propuestas concretas basadas en los derechos humanos. La buena noticia que nos
ha traído este pacto del que se habla poco, es que mientras los gobernantes se
deciden a ponerlo en práctica, la sociedad civil no espera y actúa en socorro
de los necesitados. La solidaridad es innata al ser humano y brota en Holanda,
en las calles de Madrid cuando parroquias, ONGs y el Ayuntamiento no
permiten que duerman en la calle los que solicitan asilo o en México donde una
gran y valiosa red solidaria de apoyo se vuelca con los centroamericanos que
caminan hacia EE.UU buscando una vida mejor. Probablemente, muchas de las
personas solidarias que apoyan a los inmigrantes desconocerán que 65 millones
de seres humanos viven desplazados de su lugares de origen, pero todos ellos
saben que ninguna persona es ilegal.
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